Amigas y Amigos:

Deseo que coincidamos en algo: la reforma agraria no se ha hecho en este país por falta de voluntad política. Es así como la buena formulación del presidente Lleras Restrepo fue frustrada en el gobierno conservador siguiente, con el llamado “Pacto de Chicoral”. Cuando no se desea materializar algo, se le empiezan a poner palos a la rueda, sea por extensión, por calidad del terreno, etc. Y se inventan unos cuantos tecnicismos para hacer abortar la reforma. Por ejemplo, una de las miles de siglas inventadas por los tecnócratas: UAF (Unidad Agrícola Familiar), que según la Ley 160 de 1.994 era la extensión de tierra máxima adjudicable por familia.

La cual daría para 6 hectáreas, otras veces  para 15 hectáreas, etc. Claro es que la calidad de la tierra si importa, pero no podemos quedarnos en mediciones.

El profesor Yarumo enseñaba que cinco (5) hectáreas eran suficientes para desarrollar una granja familiar integral.

Para obviar este asunto, hemos pensado en el Movimiento Cívico Nacional que debemos agilizar unificando en 15 hectáreas el número que tendrán las parcelas a distribuir.

Y no se requiere comprar 3´000.000 de hectáreas, como anunciara una despistada Ministra de Agricultura, para dos meses siguientes salir a declarar paladinamente que ni supermán podría comprar esa cantidad, que sólo compraría este gobierno 800.000 Hectáreas.

Pues el Movimiento Cívico Nacional sostiene que no hay necesidad de comprar ni una hectárea para realizar la Reforma Social Agraria, pues bastaría con cuadricular los llanos del Yari, o el Ariari, o los baldíos de Córdoba, etc., de a 15 hectáreas cada parcela, para hacer una buena y ágil reforma agraria. Qué necesidad de ir a la zaga de los avivatos de la ganadería para desenhuesarlos con la compra de lo peor de sus tierras?.

El gobierno anterior nombró al hijo del expresidente de la mafia en la entidad que compra tierras. Y claro, la corrupción no dio espera: exigía coimas para comprar 16.000 o 13.000 hectáreas, que inclusive tenían certificado de tradición espúreo (se abrió el folio de registro sin la necesaria resolución del Incora o del Incoder).

Debe corregirse lo actuado por el presidente Santos y su ministro Iragorri: no basta darle tierra a los campesinos que regresan al campo, ni capital semilla e insumos, pues resulta necesario arreglar las vías terciarias, para no repetir la amarga experiencia del Ariari, donde magnificas cosechas de guayaba pera, naranja tangelo y plátano eran enterradas porque valían más los pasajes de la trocha que los productos a sacar al mercado.

Desde luego que el censo de campesinos venidos a las ciudades a engrosar los cinturones de miseria deben hacerlo los Alcaldes – como cuestión de orden público, de manera ágil.

El Banco Agrario debe colocar una agencia en cada parcelación.

Y el nuevo Idema, que será creado, estará atento con precios de sustentación y vocación exportadora.

De manera que la reforma Agraria debe hacerse de manera inmediata, sin dilación alguna. La demora es que el equipo de aerofotógrafos, topógrafos, agrimensores, ingenieros, etc. efectúen las mediciones, para proceder a distribuir las parcelas entre los campesinos censados por los Alcaldes de las grandes ciudades.

Es así como vamos por la reactivación del aparato productivo, y con él como mecanismo idóneo podremos luchar contra el hambre, la inflación y el desempleo.

Se propenderá por el regreso al campo de familias desplazadas por la violencia (preferiblemente a zonas distintas).

De esta forma el Estado cumplirá su deber de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra. (sentencia C-595/95, de la Corte Constitucional).

Sabido es, por otra parte, que los baldíos son bienes públicos de la Nación, catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales adjudicables (e imprescriptibles).

Como  ha podido bosquejarse, se apuntará a varios objetivos, simultáneamente: creación de empleo, mayor producción, seguridad (las parcelaciones deberán estar resguardados por el ejército), mejorar la situación de los llamados cinturones de miseria en las ciudades, reducción de la inflación, etc.

De esta conjunción razonada de proyectos: dos factorías pesqueras, nuevo Idema para distribuir sus productos, canal Interoceánico Atrato – Truandó, pago de la deuda pública externa, seguridad en campos y ciudades, y reforma social Agraria puede inferirse, lógicamente, que Colombia alcanzará altos niveles de desarrollo y prosperidad.

Desde luego, al igual que acontece con las casas de interés social, bajo sanción de nulidad absoluta, las parcelas que entregue el Estado en el programa no serán negociables durante treinta (30) años.