Gasto Público Social
Es la misma Constitución Política de Colombia, “norma de normas” (Art. 4º), la que prioriza este gasto al señalar cómo “En cualquier caso el gasto público social será prioritario”. (ídem, Art. 334, inc. 1º ).
Por consiguiente, dejando de lado los prejuicios que indicarían cómo lo social sería patrimonio de lo “revolucionario” o de la “izquierda”, se trata de un mandato constitucional de la mayor importancia.
De esta manera cuando el programa del Movimiento Cívico Nacional está impregnado de la atención especial a lo social, está simplemente significando nuestra vocación de servicio a los más débiles, pobres y vulnerables a tono con el mandato constitucional en referencia.
Dentro de este contexto y en procura de la mayor eficiencia, retomaremos todos los programas sociales existentes y los fundiremos para administrar los que sean sustentables a partir de los comedores comunitarios y los auxilios de vivienda de interés social.
Es decir: no es serio ni conveniente estar dispensando y dispersando recursos, en todas direcciones y con cualquier motivo (ya van más de 22 auxilios y transferencias), como si estuviésemos mal educando un país de menesterosos – llegándose al colmo de conceder auxilios por no matar o por no deforestar (la ministra de Ambiente acaba de anunciar cómo triplicará el monto que se paga a las familias que no deforesten los bosques, pasando a $900.000)-. Lo sensato será aplicar los recursos producto del ahorro obtenido con la poda de la fronda burocrática (cerca de 20 billones de pesos), pero de manera racional, metódica y ordenada. Empezando por el costo de los 1.104 restaurantes comunitarios que serán abiertos en cada uno de los municipios de Colombia (dirigidos preferentemente por el I.C.B.F.), por elemental solidaridad con nuestros compatriotas más pobres, porque no podemos seguir soportando la vergüenza de vivir en un país distópico donde los niños y los ancianos se nos están muriendo de desnutrición.
Además: debemos dar prioridad al capital semilla, los insumos y las vías terciarias para la transformación agraria que impulsaremos.
Ya con el pago de la deuda externa habilitaremos más de 90 billones de pesos anuales, para que todas las familias de Colombia tengan su vivienda digna (la cual, se reitera, no podrá ser vendida en treinta años).
A comienzos de septiembre el destacado analista Ricardo Ávila Pinto escribió con sobrada razón: “Lo que gasta Colombia en subsidios, y más aún en transferencias monetarias directas, viene en aumento, pero el resultado de ese esfuerzo dista de ser el ideal”.
Recuerda cómo el término “subsidio” tiene una connotación temporal: “prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada” (según la definición del diccionario de la Real Academia Española).
Agrega: , “la evidencia muestra que la combinación de prebendas, pagos directos o indirectos y costos asumidos por la chequera estatal se lleva una tajada cada vez más grande del presupuesto nacional”. El problema no radica, a nuestro modo de ver, en el grosor de la “tajada”, sino en que ésta no se toma de utilidades sino de lo que se conoce como “prosperidad a debe”. (fuera de que en muchos casos los apoyos no llegan a sus verdaderos destinatarios).
Es lo que en otro acápite decimos: no se ha sembrado aún y gobiernos folklóricos o irresponsables están ya repartiendo los frutos por cosechar.
Claro resulta, por otra parte, que el gasto público social ha de tener prelación en educación de buena calidad, vivienda, energía, acueducto y alcantarillado, pensiones, salud, apoyos a grupos vulnerables, mitigación de la pobreza, en orden a reducir la inequidad, lo cual seguramente se traducirá en una sociedad más pacífica, próspera y con mayores oportunidades para la mayoría.
Se recuerda cómo en 2014 los subsidios a hogares y personas ascendieron a 69 billones de pesos, equivalentes al 34% del presupuesto nacional de esa vigencia (más del 9% del PIB).
Hoy se estima que tres millones y medio de hogares en Colombia, sin ser considerados pobres o vulnerables, reciben subsidios. Así no se puede!
Y para el 2024 se tiene presupuestadas partidas para equidad e igualdad, inclusión social y reconciliación, por valor de 26 billones (mientras en este año es de 19 billones, aproximadamente).
No se puede desconocer su importancia, pero debemos canalizar mejor esos recursos, evitando la riesgosa dispersión (cómo es que para productores y empresas el monto se calculó en 5,3 billones de pesos?. Cómo es que en 2017 la mitad de los subsidios estatales fueron a beneficiar hogares que no estaban en situación de pobreza?). La avilantez y el fraude…. Como en el sisben!
Todo parece indicar que el mejor antídoto contra la pobreza y la marginalidad es ofrecer oportunidades de empleo, en orden a lo cual hemos de impulsar el crecimiento económico. (“enseñarles a pescar….”).
Porque, definitivamente, los auxilios sólo son de recibo como mecanismo transitorio para combatir la pobreza.