Lucha por la Seguridad
Según encuestas autorizadas, de lo que la gente más se queja es de la inseguridad generalizada, persistente e inaguantable. Por ello, todos los mecanismos del Estado (fuerzas armadas, administración de justicia, inteligencia, etc.) deben convergir – de manera coherente y organizada – en la consecución de la tranquilidad ciudadana.
El M.C.N. propone, al efecto, medidas inmediatas que –con la indispensable colaboración ciudadana– tiendan la consecución de este objetivo vital, así:
a) En las ciudades: la creación de muchos empleos como vigías nocturnos y diurnos, entrenados y coordinados por la policía; la tipificación de contravenciones especiales; creación de colonias agrícolas especiales, para la resocialización de los delincuentes que azotan las ciudades; los jueces penales municipales autorizarán, con el simple informe policial de captura, mediante procedimiento sumario que no excederá diez (10) días, su internamiento en colonia agrícola especial. (donde operarán equipos multidisciplinarios).
b) En los campos: mediante un nuevo criterio sobre táctica y estrategia, serán apresados, juzgados sumariamente y confinados en colonias agrícolas los delincuentes que siembran la violencia, la zozobra y la intranquilidad en campos y veredas.
c) La ley 1421 de 2010, con la limitante de la Sentencia C-101 de 2022 de la Corte Constitucional, implica que las tasas y sobretasas para seguridad y convivencia ciudadanas (que tenían los gobiernos locales) deberán ser reemplazadas con recursos del gobierno Nacional.
Adviértase, además, cómo más del 90% de municipios carecen de recursos para financiar los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana: con razón en la más reciente encuesta de Invamer el 84% de los colombianos considera que está empeorando la seguridad en el país.
El Movimiento Cívico Nacional estima que con mejor criterio táctico el ejército podrá domeñar la delincuencia en el campo (venga de donde viniere), y que los auxiliares de la policía (que serán designados en las ciudades) contribuirán a imponer la seguridad en las ciudades (con la colaboración de los jueces de garantías, las colonias agrícolas y la ciudadanía en general).
d) Corroboránse la gravedad y urgencia de este tema, cuando se consideran, entre otros, los siguientes datos:
62 masacres en Colombia de enero a septiembre de 2023 (prácticamente 7 masacres por mes); asesinatos sistemáticos de líderes sociales y defensores de derechos humanos; ola terrorista que azota al departamento del Cauca; eliminación sistemática de los ex-Farc (397 asesinatos entre diciembre 1º de 2016 y el 14 de septiembre de 2023); durante 2023 cada ocho días ha sido asesinado un excombatiente; en el primer semestre de 2023 se ha reportado 189.358 hurtos a personas (1.052 casos diarios); 5.269 extorsiones (entre enero y junio de 2023); 6.407 homicidios comunes (36 asesinatos al día); Cauca (68) Nariño (45) y Antioquia (41) son los departamentos que más homicidios de excombatientes presentan; 192.000 víctimas de desaparición forzada (según el Registro Único de Victimas).
Cabe preguntar ante esta cruda y alarmante realidad: ¿en qué estado se encuentra la implementación de la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales? Cuál “Paz total” y cual “Potencia mundial de la vida”?. Eso es ridículo (o por lo menos irónico).
Tan extremadamente grave es la situación en comento, que la Corte Constitucional declaró un “estado de cosas inconstitucional” por el homicidio de firmantes de los acuerdos de Paz.
En su sentencia SU 020/22, en la que, en resumen, relacionó los factores que lo determinan:
i)la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas; ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos; iii) la adopción de prácticas inconstitucionales, en este caso la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; iv) la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos; v) la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante y vi) si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial.
e) La unidad nacional de protección, afectada ya por algún caso de corrupción, parece no ser la solución: 8.014 personas protegidas en 2022, a un costo de 1,9 billones de pesos, seguridad asignada con cuestionable criterio clasista:
-A un congresista: 374 millones, promedio, entre 2021-2022.
-Protección de un defensor o líder social: 124,5 millones de pesos al año.
-para comunidades indígenas y afrocolombianos: 103,4 millones año. (“medidas blandas”).
Nada se dice sobre lo costosos que nos resultan los expresidentes……
Habremos de revisar con rigor esta situación de seguridad.
Por último: la Contraloría General sugiere que la seguridad ciudadana debe abordarse desde una perspectiva de seguridad humana “teniendo en cuenta los desafíos estructurales que enfrenta Colombia en materia de violencia e inseguridad, mediante la promoción de la justicia social y la reducción de la desigualdad como elementos esenciales para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”. (Análisis de la política marco de convivencia y seguridad ciudadana).